Al presenciar una conferencia, al leer un texto o artículo de revisión o de investigación original, tendemos a recibir de buena fe las afirmaciones, conclusiones y recomendaciones que emanan de estas fuentes. ¿Deberíamos repensar esta posición? Quizás sí, y por cierto, no deberíamos abandonar una saludable actitud de análisis crítico.
No se trata solamente de "mostrar los datos", exponer los resultados al análisis y a las preguntas. Se trata de averiguar "desde dónde" se proclama cada afirmación. No es infrecuente que médicos asesores de la industria farmacéutica ocupen un rol como prestigiosos docentes o investigadores. Y a priori, no hay nada incorrecto en que ellos den conferencias, presenten sus resultados, opinen y recomienden abordajes diagnóstico-terapéuticos. Sin embargo, el público tiene el derecho de saber quién le está comunicando un contenido, más aún si esto busca modificar el patrón de práctica profesional de la audiencia. Si el conferencista es director médico de un laboratorio farmacéutico, además de profesor, ¿por qué motivo querría ocultar su doble afiliación?. Nada mejor que la transparencia. Si el investigador que presenta sus resultados en un congreso ha recibido fondos para financiar ése u otro proyecto, ¿por qué motivo podría rehusarse a revelar el origen público o privado de ese financiamiento?
Sólo queda un motivo para justificar que no se transparente claramente lo antedicho: porque de ese modo, "se quebraría el encanto". El profesor ya no sería el individuo que educa a jóvenes estudiantes en el arte de curar, sino el director del departamento médico del laboratorio X, y por tanto, sus afirmaciones pasarían por una doble criba intelectual (espero). Nada ilegal y nada turbio hay en trabajar en un laboratorio farmacéutico, y por lo mismo, ningún motivo para ocultarlo o soslayarlo. Especialmente en la docencia universitaria, en las presentaciones ante colegas y ante la comunidad, en público, y con el fin de marcar una influencia o impacto en la percepción o abordaje de un tema.
No es común que una universidad tenga (en la Argentina) una política de declaración de conflictos de interés para sus profesores. Al menos, doy fe que la Facultad de Medicina de la UBA no tiene esa política, o si la tiene, no la ha comunicado a sus profesiores.
Tampoco es común que en un congreso o reunión médica se exija a los expositores una declaración de conflictos de interés. La Sociedad Argentina de Medicina Interna General (SAMIG; www.samig.org.ar) tiene tal política, y la Sociedad Argentina de Diabetes requirió al menos una vez tal tipo de declaración, si no recuerdo mal. Pero no es la regla.
En los EEUU, y en algunos países europeos, casi toda presentación de un poster o comunicación a un congreso de una especialidad médica tiene el requisito de la declaración de conflictos de interés. No puedo generalizar sobre cuán intensamente se monitorea el cumplimiento de esta pauta, pero al menos existe.
Me pregunto: ¿quiénes están formando a los futuros médicos? Quién lo sabe? Todos tenemos algún sesgo. Lo declaramos?
Sería estupendo contar con comentarios y opiniones de los lectores.
Cordialmente,
Pedro Politi
Nuevo podcast de psicofarmacología (en inglés)
Hace 7 años
